Opinión
Exorcizando al fantasma de la dictadura pasada
Por Francisco Morfín Marín
- 26-11-2020
El pasado octubre de este año fue un momento muy interesante (y atareado) para América Latina: por un lado, estuvieron las elecciones que le debían al pueblo de Bolivia y, por el otro, las protestas en Chile han logrado que el gobierno accediera a articular un plebiscito para determinar si se constituye una nueva constitución.
Haciendo un poco de memoria de las protestas del 2019, estas comenzaron luego del alza de los precios del metro en $30 pesos chilenos ($1,17 dólares aproximadamente) por acciones tomadas por el gobierno de Piñera por consejo de un panel de expertos del transporte público; incluso luego de que Piñera cedió el 19 de octubre y se quitaron esos $30 pesos extras, las protestas siguieron.
Hay algo que entender para ver la ola de protestas en Chile, que si bien el precursor de la movilización fue el alza de las tarifas del metro, esto no significa que eso es lo único que agravia al pueblo chileno, como Piñera se habrá dado cuenta luego del 19 de octubre ya que las protestas continuaron ¿Por qué fue esto? El verdadero enojo de la población, que mantuvo el impulso de las protestas, es la desigualdad en el país y las fuertes represiones.
Chile es un país que fue víctima de imposición de un modelo económico neoliberal luego del golpe de Estado al presidente Salvador Allende en 1973, patrocinado por Estados Unidos, que llevo a Augusto Pinochet al poder, dándole prioridad a los intereses económicos de su mecenas y la élites nacionales por encima de la población; como parte de esta imposición en 1980 se estableció una nueva constitución, si pensamos un poco, la legitimidad de la misma es de dudosa procedencia.
Si bien la constitución fue reformada en 1989 y luego en 2005 por Ricardo Lagos; la primera fue para cambiar el artículo que, en resumen, prohibía cierto tipo de ideologías políticas contrarias al régimen (el marxismo o cualquier ideología considerada de izquierda); la de 2005 fue un golpe al poder del ejército ya que se eliminó la figura de los senadores asignados.
Se pensó que estas reformas enterrarían por fin al fantasma de Pinochet, como menciona Gilberto Aranda del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile: “Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios”; si esto fuera cierto en alguna medida, Chile no habría protestado 2019 hasta el día de hoy.
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La continuación de las protestas desembocó en un plebiscito en octubre para determinar si se establecería una nueva constitución desde cero o se mantendría la vigente. Además de eso, se preguntó a la población si quería una Convención Constitucional (Congreso Constituyente en otros países) compuesto por miembros electos de la sociedad civil o por una Convención mixta entre miembros electos y diputados en función.
El resultado fue contundente; aproximadamente un 80% de la población votó a favor de una nueva constitución y un 79% en favor de una Convención Constitucional compuesta por miembros electos.
¿Qué pasa con el 20% restante? Es común que los que se beneficien del sistema actual no quieran cambiar, tiene lógica, pero no es justo si ese sistema y sus beneficios a un grupo pasan por encima del resto de la población.
Cinco de las 346 comunas del país votaron mayoritariamente en contra de una nueva constitución. Un reportaje chileno concluyó que esto se relaciona con las diferencias en ingresos y educación, sumado a una desconexión total entre un sector y otro.
En una entrevista con El País, Andrés Allamand, Ministro de Relaciones Exteriores, expresó que, personalmente, está en contra de una nueva constitución; en esa entrevista deja claro que sus prioridad es mantener las bases de la propiedad y el capital económico de la constitución actual; no mencionó al pueblo chileno (recordemos que se dio bajo una imposición económica bajo una dictadura).
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“Sería equivocado, además, cerrar las puertas a que actores privados puedan participar –sujetos a una regulación adecuada– en la provisión de servicios o bienes públicos”, mencionó Allamand.
Si bien es cierto que cambiar la constitución no arreglará todos los problemas del país, es un paso para establecer la base de un Estado más justo en favor de sus habitantes en temas de: desigualdad, género y la población indígena, por mencionar algunos. No en favor de los intereses del corporativismo que observó a la población chilena solo como una mercancía y sus tierras como un mercado.
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Francisco Morfín Marín es estudiante de Relaciones Internacionales.