La audiencia de diciembre fue una de aquellas que salen de lo peculiar ante el sistema, pues no solo contó con la notable presencia de una gran cantidad de ciudadanos bolivianos residentes en los Estados Unidos, sino también, gozó con la participación de los máximos representantes de la CIDH, incluyendo la Presidenta y el Secretario Ejecutivo.

Como era de esperarse, la participación de la sociedad civil fue clara e impecable. A través de una exposición argumentativa con base en el Derecho Internacional, se pudo demostrar la irracionalidad de la sentencia y su falta de fundamento teórico y jurídico.

En el otro lado, con una introducción propia de un cuento de hadas, la representación estatal habló de sus supuestos logros y de la “GRAN MENTIRA” que engañó a más de 2 millones de ciudadanos bolivianos. De este modo el Ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta, ejerciendo el rol de Canciller, Procurador, Magistrado del Tribunal Constitucional y Vocal del Tribunal Supremo Electoral, no se percató que su sola presencia comprobaba la falta de independencia de poderes en el Estado boliviano. Los minutos restantes, Arce intentó defender lo indefendible, limitándose a leer el contenido de una Sentencia que quedará en la historia como la peor interpretación de una norma internacional.

Sin embargo, considero que lo más destacado de la audiencia fueron las preguntas realizadas por los comisionados de la CIDH, las mismas que pasaron relativamente desapercibidas por el conjunto de la población. Debemos considerar que detrás de las preguntas elaboradas por los miembros de la Comisión, podemos deducir las acciones que tomarán durante el transcurso de los siguientes meses.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas, al igual que el Secretario Ejecutivo Paulo Abrao, preguntaron si la legislación boliviana contempla actualmente algún recurso posterior que permita impugnar la Sentencia Constitucional en cuestión. Claramente, la CIDH quería tener una claridad sobre el agotamiento de recursos internos, principalmente en relación a las denuncias individuales presentadas por ciudadanos bolivianos. Este criterio termina por comprobarse en el momento que el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, decidió preguntar al Estado boliviano si respetaría una decisión del sistema interamericano en relación a la reelección del Presidente Morales, tomando en cuenta su propio argumento, el Derecho Preferente. Esta pregunta no fue respondida y evidentemente causó cierto malestar en la representación estatal, pues desnudaba el actuar contradictorio del Estado boliviano.

A pesar de que el Estado decidió terminar su exposición con declaraciones muy graves y preocupantes en relación al efecto vinculante del Referéndum en Bolivia, de acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia, podemos proyectar diferentes escenarios que podrían desarrollarse en el transcurso de los siguientes meses:

El primer posible escenario guarda relación con las peticiones individuales presentadas por ciudadanos bolivianos en relación a la violación de su derecho al voto. Los comisionados al elaborar preguntas sobre el agotamiento de recursos internos, desde mi punto de vista, buscaron tener mayor claridad sobre los aspectos formales que deben tomar en cuenta antes de declarar la aceptación de las demandas. Esto significaría que la CIDH ha considerado aceptar la denuncia en contra del Estado, por lo que el Gobierno debería reconsiderar la habilitación del binomio Evo–Alvaro, de lo contrario, en caso de tener una sentencia en contra, el Fraude Convencional estaría comprobado y las autoridades bolivianas responsables deberán ser procesadas penalmente.

El segundo escenario podría desarrollarse en el contexto de la presentación de una Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien, esta opción permitiría tener un criterio objetivo y vinculante sobre la reelección indefinida, la Corte tarda por lo menos un año en emitir ésta resolución. En consecuencia, los partidos políticos y la sociedad civil en su conjunto, deberán exigir la suspensión de las elecciones hasta que la Corte Interamericana notifique al Estado con su respuesta.

El tercer y último escenario tiene que ver con el Informe Anual que la Comisión Interamericana presenta todos los años ante la Organización de los Estados Americanos. En este caso, la CIDH podría expresar su preocupación por la situación actual de Bolivia y, al mismo tiempo, exponer su interpretación en relación a la reelección indefinida como un supuesto Derecho Humano. El Gobierno, en ese caso, deberá respetar y cumplir con el criterio de la Comisión.

Los tres posibles escenarios nos demuestran que el sistema interamericano va emitir una respuesta antes de lo previsto por el Gobierno boliviano, en consecuencia, podemos afirmar que la audiencia temática del 5 de diciembre ha marcado un antes y después para la figura del Presidente Morales. La aceptación de dicha audiencia ha generado la preocupación de la comunidad internacional sobre este asunto. De este modo, no debería sorprendernos que de ahora en adelante escuchemos por todas partes del mundo expresiones de preocupación por la Democracia boliviana. Poco a poco el Gobierno de Evo Morales va instalando su régimen dictatorial, la diferencia es que ahora el mundo lo observa atentamente.