Economía - Política
Viernes, 24 de mayo de 2019
Nacionalización y riesgo país; los efectos a largo plazo
“Después de una nacionalización, los gobiernos pagan una compensación económica, pensando que con ese pago se zanjan las consecuencias de la expropiación que han realizado; lo cierto es que las consecuencias económicas del accionar de estos gobiernos caerán sobre sus países por décadas.”
Por José Carlos Bernal
Latinoamérica y la nacionalización
La historia de Latinoamérica está marcada, políticamente, por una constante oscilación entre gobiernos de derecha y de izquierda, y económicamente, por las políticas que estos gobiernos han implementado. La nacionalización (y su contraparte, la privatización o capitalización) es una de las políticas que ha sido utilizada por los países de la región, en más de una época.
En 1938, México nacionalizó las reservas de petróleo, incluyendo los bienes de las empresas extranjeras que operaban en el país. En Argentina, la empresa bandera de hidrocarburos, YPF, fue privatizada en 1992, y re-nacionalizada en 2012 por Cristina Fernández de Kirchner. A partir de 2006, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, ha nacionalizado diversas empresas en la industria de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y minería. En definitiva, la nacionalización es una medida con la que la sociedad de latinoamérica está muy familiarizada.
El camino cuesta arriba para el inversionista expropiado
La legalidad y la legitimidad de los gobiernos para realizar nacionalizaciones, va más allá de lo que este breve artículo pretende analizar. Basta decir que la concepción legal que prevalece en la actualidad, es que los Estados tienen derecho a nacionalizar, expropiar y transferir empresas y propiedades en su territorio para beneficio del Estado, pero que a su vez están obligados a otorgar una compensación pronta, efectiva y adecuada a las personas que han perdido sus derechos de propiedad como consecuencia de la nacionalización; criterios que, con bemoles, se mantienen actualmente en el derecho internacional de inversiones.
En los hechos, es común que el gobierno demore mucho tiempo en realizar esa compensación “pronta, efectiva y adecuada”, y que por tanto, los propietarios de la empresa nacionalizada inicien acciones legales contra el gobierno. El Estado, en uso de sus poderosas facultades estatales, tiene pocos incentivos para cumplir, por su propia iniciativa, con la compensación del inversionista. Para contrarrestar este desbalance, el derecho internacional de las inversiones ha creado mecanismos para que los inversionistas puedan reclamar sus derechos ante tribunales arbitrales de inversiones.
Aún si las empresas logran obtener laudos arbitrales en contra del Estado que ha realizado la nacionalización, la ejecución del laudo arbitral contra un Estado soberano es sumamente dificultosa (por varias causas, como las protecciones diplomáticas con las que cuentan los bienes de propiedad del Estado). Por tanto, el inversionista comúnmente negocia con el gobierno nacionalizador, para permitir que el Estado pague un monto descontado de la compensación establecida en el laudo arbitral, a cambio de que el pago se haga de manera imediata.
Una vez firmado el acuerdo transaccional y pagada la compensación económica por la nacionalización, el gobierno hace uso de su fuerza mediática para publicitar su victoria. En los diarios se publica que el gobierno ha recuperado un recurso / servicio / producto vital para la economía, y que ha llegado a un acuerdo satisfactorio con la empresa extranjera para que abandone el país, saldando de esta manera todas sus responsabilidades por la expropiación realizada; en la mente colectiva, la nacionalización ha concluido y se ha pasado de página.
Existen, sin embargo, consecuencias muy complejas y altamente relevantes, que no pueden ser saldadas con el pago de un monto de dinero (descontado) como compensación por la nacionalización. Efectivamente, la firma del acuerdo transaccional agota los recursos legales del inversionista nacionalizado, pero no sin antes mandar una señal muy clara al competitivo mercado mundial de inversión extranjera. La nacionalización deja sobre el Estado un estigma, que no se puede borrar con el pago de ninguna compensación monetaria.
Nacionalización y riesgo país
Nacionalización es para los inversores extranjeros, sinónimo de riesgo. Un hombre no plantaría semillas, si no está seguro de que podrá cosechar los beneficios de su esfuerzo en el futuro. De igual forma, una empresa no invertiría en un país, si corre el riesgo de ver su inversión nacionalizada. Por tanto, en el competitivo mercado internacional, Bolivia se ha convertido en una inversión más riesgosa; y la única forma de incentivar a la empresa a realizar una inversión más riesgosa, es ofreciéndole más retorno a cambio de su inversión.
Nada de lo que se ha dicho en este artículo es particularmente una noticia. La inversión extranjera, al igual que cualquier otra inversión, está influenciada por factores de riesgo y retorno esperado. Lo que sí es relevante, es que los gobiernos (y también los ciudadanos) parecemos olvidar que la imagen del país después de una nacionalización, ha cambiado, y las mismas reglas sobre riesgo y retorno, se aplican de manera “macro” al país. La vanagloria de un gobierno, por haber pagado una compensación económica al inversionista extranjero, poco o nada hace para reestablecer la confianza del mercado. ¡Menos aún si el Estado ha utilizado su fuerza para negociar una compensación descontada!
Pretender que un país es el mismo, antes de una nacionalización y después del pago de la respectiva compensación, es ingenuo. Los índices de inversión extranjera en el país recibirán un duro golpe, casi de manera inevitable. Tomarán años antes de que los inversionistas extranjeros vuelvan a mirar al país con ojos de confianza, y mientras eso pase, los efectos indirectos de la nacionalización los sufrirán los trabajadores que no puedan encontrar quién los contrate. ¿A dónde se fueron los empleadores dispuestos a invertir en el país? Algunos se fueron a países más hospitalarios, otros se quedaron, y otros simplemente nunca llegaron a entraron al país, por factores de riesgo. Las consecuencias económicas caerán sobre el país por décadas.
José Carlos Bernal es abogado.